
04/09/2025 l Obra pública
Históricamente, la planificación de obras públicas, tanto en Chile como en gran parte del globo hasta finales del siglo XX, priorizó la funcionalidad, la durabilidad y el costo inicial. El componente energético era a menudo una variable secundaria, relegada a los costos operativos post-construcción y pocas veces integrada en el diseño conceptual. Sin embargo, la maduración de la conciencia ambiental y la comprensión del ciclo de vida de los proyectos han modificado drásticamente este panorama en las economías más avanzadas. Paradójicamente, en nuestro país, se observa una inercia considerable. Proyectos de gran envergadura, desde hospitales y escuelas hasta centros de justicia y carreteras, continúan licitándose y ejecutándose con especificaciones energéticas que, en muchos casos, apenas cumplen con mínimos normativos actualizados o, peor aún, se quedan cortos respecto a lo que la tecnología actual permite y lo que la urgencia climática exige. La falta de una política integral que exija auditorías energéticas previas y post-construcción, así como la incorporación de modelos de desempeño energético predictivo en la fase de diseño, configuran un panorama que dista de ser óptimo. El enfoque sigue anclado en la inversión inicial, descuidando el costo total de propiedad, donde la energía representa una porción significativa y creciente.
El análisis cualitativo de esta brecha para Chile revela consecuencias multifacéticas. Económicamente, se traduce en una dependencia continuada de combustibles fósiles, una mayor vulnerabilidad a la fluctuación de precios de la energía y una carga financiera evitable para el Estado. Ambientalmente, representa una oportunidad perdida para reducir significativamente la huella de carbono nacional en un sector de alto impacto, contraviniendo los compromisos internacionales de Chile. Socialmente, se manifiesta en espacios públicos que no aprovechan las bondades de un diseño bioclimático, lo que podría mejorar la habitabilidad y el bienestar de los usuarios. La ausencia de criterios energéticos ambiciosos en las bases de licitación, la poca capacitación en nuevas tecnologías por parte de los equipos técnicos y la fragmentación de la toma de decisiones, desde el Ministerio de Obras Públicas hasta los municipios, perpetúan este ciclo. Es imperativo que Chile eleve sus estándares, no solo por cumplir con normativas mínimas, sino por un compromiso real con el futuro de su infraestructura y su ciudadanía, adoptando una visión a largo plazo donde la eficiencia energética sea un pilar innegociable desde la concepción hasta la operación de cada obra pública.