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El Dilema de la Obra Pública: Rentabilidad Social frente a la Huella Futura
La gestión financiera de la infraestructura chilena se enfrenta al imperativo de integrar costos ambientales a largo plazo y la valoración de beneficios ecosistémicos, desafiando modelos tradicionales de inversión para el horizonte 2040.
La edificación de una nación no solo se mide en concreto y acero, sino en la capacidad de sus cimientos financieros para soportar un futuro con propósito. En 2025, Chile se encuentra en una encrucijada crítica respecto a la gestión y financiamiento de sus obras públicas. El paradigma de la inversión estatal, históricamente anclado en métricas de retorno económico a corto plazo, está siendo desafiado por la creciente urgencia de los objetivos de desarrollo sustentable y la resiliencia climática. Las proyecciones indican que, para mantener una trayectoria de crecimiento y, simultáneamente, cumplir con los compromisos ambientales, se requiere una redefinición estructural de cómo se conciben, priorizan y financian los proyectos de infraestructura.
Actualmente, cerca del 18% del presupuesto anual de obras públicas en Chile se destina a proyectos categorizados bajo criterios de ‘bajo impacto ambiental’ o ‘adaptación climática’, un incremento del 6% respecto a 2020. Sin embargo, este avance es insuficiente. Según un informe reciente de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el déficit de inversión en infraestructura que incorpore plenamente estándares de circularidad y mitigación de riesgos climáticos asciende a un 2.5% del PIB anual para los próximos 15 años. Este ‘gap de financiación verde’ subraya la necesidad de instrumentos más sofisticados y una voluntad política que trascienda los ciclos electorales. La rentabilidad social, que incluye la mejora de la calidad de vida, la reducción de emisiones y la protección de ecosistemas, debe ponderarse con el mismo rigor que la viabilidad económica directa, un cambio cultural y metodológico que aún no está consolidado en todas las instancias de decisión.
El desafío se intensifica al analizar los mecanismos de financiamiento. Si bien los contratos de Concesiones y Asociaciones Público-Privadas (APP) representan hoy aproximadamente el 30% de la inversión total en infraestructura en Chile, solo el 12% de estos incluyen cláusulas explícitas de evaluación de ciclo de vida, métricas de huella de carbono o incentivos por uso de materiales reciclados como criterios vinculantes en su formulación. La ausencia de estos elementos en la base contractual limita la capacidad de las alianzas privadas para contribuir efectivamente a la agenda de sustentabilidad.
El mercado de bonos verdes y sociales, que en Chile ha financiado alrededor de USD 1.800 millones en 2024 para proyectos energéticos y de transporte sostenible, representa una ventana de oportunidad, pero su articulación con las carteras de proyectos del MOP aún es incipiente. Se requiere una estandarización de criterios y una cartera de proyectos ‘listos para financiar’ que cumplan con los más altos estándares ESG para atraer capital internacional. Proyecciones internas del Banco Central de Chile, en colaboración con el Centro de Resiliencia Climática de la Universidad Católica, estiman que, para el 2040, la inversión necesaria para adaptar la infraestructura crítica (puertos, redes hídricas, viales) a los escenarios de cambio climático más probables en el país superará los USD 35.000 millones. Esto implica no solo construir de manera diferente, sino también proteger y mejorar la infraestructura existente.
La verdadera gestión, entonces, reside en la capacidad de las instituciones públicas chilenas para transitar de una evaluación de proyectos basada en el costo-beneficio monetario directo a una que integre los pasivos ambientales y sociales de las próximas décadas. Estudios recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad de Chile sugieren que el retorno social y ambiental de una infraestructura resiliente y de bajo carbono podría superar en un 3.5:1 la inversión inicial a 25 años, si se consideran las externalidades negativas evitadas, como los costos de desastres naturales, la salud pública y la pérdida de productividad. Esta es la medición que, con un enfoque académico riguroso, deberá guiar la estrategia financiera de la obra pública en Chile hacia un futuro más prometedor y menos vulnerable.
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