La infraestructura eléctrica de extra alta tensión que conecta San Juan y Rodeo se encuentra en el centro de una disputa institucional. Esta línea, fundamental para el crecimiento minero y eléctrico de la provincia, despierta controversias sobre su gestión y uso debido a una reciente resolución nacional que otorga prioridad de capacidad a una empresa privada sin participación provincial.
Contexto del conflicto por la Línea Nueva San Juan–Rodeo
La Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo es una pieza estratégica para el desarrollo de la minería y la electricidad en San Juan. Financiada con fondos provinciales y aportes de usuarios a través de la tarifa eléctrica, esta línea conecta varios puntos claves e integrará la futura línea de 167 kilómetros desde la Estación Transformadora Rodeo hasta Chaparro, para abastecer la operación de cobre del proyecto Vicuña, que incluye las minas Josemaría y Filo del Sol en Iglesia.
Disputa entre ENRE y EPRE por la regulación y uso de la línea
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) emitió la Resolución Nº 079/26 que concedió a Vicuña Argentina S.A. acceso preferencial y capacidad de transporte en la línea sin consultar previamente al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). El EPRE objetó esta decisión y solicitó que se realice una audiencia pública en San Juan para debatir el tema, enfatizando la importancia de proteger el servicio local y garantizar la equidad para los usuarios provinciales.
Preocupaciones sobre impactos y principios comprometidos
El EPRE y actores locales manifestaron su preocupación porque las soluciones para proyectos mineros privados no deben traducirse en aumentos en las tarifas eléctricas de los usuarios locales. Además, el gremio provincial pidió compensaciones por ampliaciones ya implementadas y advirtió que otorgar prioridad a una empresa privada podría limitar futuras incorporaciones al corredor Nueva San Juan–Rodeo, afectando obras públicas y abastecimiento en el norte provincial. También se señalaron posibles vulneraciones a principios de libre acceso y eficiencia técnico-económica del sistema, poniendo en riesgo inversiones amparadas por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
