Infraestructura Pública Argentina: El Cruce Crítico entre Eficiencia y Huella

La post-pandemia ha reconfigurado las prioridades, pero ha intensificado la presión global y local por la adopción de criterios de desarrollo sostenible. Con un déficit fiscal persistente y una inflación que exige cautela en cada partida presupuestaria, la justificación de una inversión ‘verde’ en obra pública a menudo se percibe como un lujo o una externalidad costosa. Sin embargo, la evidencia acumulada sugiere que esta percepción es, en muchos casos, una miopía estratégica. El sector de la construcción es responsable globalmente de aproximadamente el 38% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía y procesos, y de un consumo significativo de recursos naturales. En Argentina, si bien no existen datos desagregados tan precisos para el sector de obras públicas, se estima que su contribución al total de emisiones nacionales es sustancial, especialmente en el ciclo de vida de los materiales y la operación de infraestructuras energéticamente ineficientes. El reto consiste en transformar esta huella en una oportunidad para la eficiencia.

En la región metropolitana de Buenos Aires, proyectos piloto en infraestructura de transporte como la renovación de estaciones de tren con criterios de eficiencia energética y captación solar pasiva han demostrado una reducción del 20% en la demanda eléctrica. Sin embargo, estos casos son aún la excepción. A nivel nacional, la asignación presupuestaria para obras públicas en el Presupuesto 2025 –aproximadamente el 1.5% del PIB– carece de lineamientos explícitos que incentiven o mandaten la incorporación de certificaciones de sostenibilidad (como LEED, EDGE o las nacientes certificaciones nacionales adaptadas) más allá de algunas iniciativas aisladas. Esto representa una oportunidad perdida para condicionar la inversión a estándares de performance ambiental.

El verdadero desafío es pasar de una visión cortoplacista, centrada en el costo inicial y la finalización rápida, a una perspectiva de costo total de propiedad (TCO) y retorno de la inversión social y ambiental (ROSI). Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya condicionan parte de sus créditos a la incorporación de componentes de sostenibilidad, lo que debería ser un catalizador para Argentina. Es perentorio que se elaboren marcos regulatorios que establezcan mínimos de eficiencia y sostenibilidad para toda obra pública, acompañados de incentivos fiscales y programas de capacitación para los profesionales del sector. La dicotomía entre el ‘ladrillo verde’ y el ‘déficit fiscal’ es falsa; una obra pública bien concebida bajo criterios de sostenibilidad no solo es ambientalmente responsable, sino que, a mediano y largo plazo, se revela como la opción más económica y socialmente productiva para un país que aspira a un desarrollo genuino y resiliente.