
31/08/2025 l Obra pública
Para el consumidor, la experiencia de carga presenta una serie de complejidades. La interoperabilidad entre diferentes operadores de electrolineras y sus sistemas de pago continúa siendo un obstáculo. No existe aún una plataforma unificada o un estándar de pago ampliamente aceptado, lo que obliga a los usuarios a gestionar múltiples aplicaciones o tarjetas. La potencia de carga también varía significativamente; si bien los cargadores de 22 kW (AC) son los más comunes, la necesidad de estaciones ultra-rápidas (150 kW o más) para viajes de larga distancia es imperante, especialmente considerando las vastas extensiones geográficas de nuestro país. La fiabilidad y el mantenimiento de estos equipos, a menudo expuestos a vandalismo o fallas técnicas, representan otra preocupación recurrente, impactando directamente en la confianza del usuario.
En términos de proyecciones, si bien se estima un crecimiento sostenido en la venta de VE, la expansión de la infraestructura pública parece avanzar a un ritmo más lento. Las estimaciones más conservadoras sugieren que para 2030, Argentina necesitaría multiplicar por cinco la cantidad de puntos de carga públicos actuales para soportar una flota de VE que aún sería minoritaria, pero en constante ascenso. Esto implica una inversión significativa en obra pública y privada, así como la necesidad de una planificación estratégica a nivel nacional que articule esfuerzos entre el gobierno, las empresas distribuidoras de energía y los desarrolladores inmobiliarios. La integración de estas nuevas demandas en la red eléctrica existente, ya con desafíos propios, requiere estudios de impacto y adaptaciones en la distribución. Desde una perspectiva de análisis de coyuntura, las señales regulatorias son todavía difusas, con marcos que buscan incentivar pero no siempre logran coordinar la expansión de manera eficiente. La estandarización de conectores, protocolos de comunicación y sistemas de pago emergen como puntos clave para consolidar una red robusta y amigable para el consumidor, garantizando que el “lugar dónde cargar” no sea una limitante para la adopción masiva del vehículo eléctrico.