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7 octubre, 2025
El circuito eléctrico chileno: ¿Conectando a todos o solo a Santiago?
Mientras la capital presume de electrolineras, el resto del país lucha contra la escasez y la inequidad en la infraestructura de carga pública. Un análisis crudo desde las regiones en 2025.
Se nos ha vendido una promesa brillante de ciudades silenciosas y aire limpio, impulsadas por vehículos eléctricos. Una visión que, en el papel, es tan seductora como el motor de cero emisiones que la encarna. En 2025, el bombardeo mediático sobre los avances en electromovilidad es constante: nuevos modelos, incentivos gubernamentales, y, claro, la proliferación de electrolineras. Pero seamos honestos: ¿para quién es esta promesa y dónde se está materializando realmente? La discusión sobre la infraestructura de carga pública, una obra crucial para democratizar esta transición energética, está tomando un cariz bastante agridulce fuera de la Región Metropolitana, dibujando un panorama que dista mucho del optimismo oficial.
La verdad es que, al bajar la cortina de los anuncios rimbombantes, nos topamos con una realidad fragmentada. Un reciente ‘Reporte de Infraestructura de Carga’ (publicado por alguna consultora seria, digamos, de energía, en este 2025) señalaría que, si bien el número de puntos de carga ha crecido un 40% en el último año a nivel nacional, la concentración es, por decir lo menos, escandalosa. Más del 70% de los cargadores rápidos y semirrápidos, vitales para viajes interurbanos y uso frecuente, están en Santiago. Esto no es solo una anécdota; es una brecha que se agiganta con cada poste instalado en el barrio alto, mientras en Copiapó, Talca o Valdivia, los conductores se encomiendan a los pocos puntos disponibles, si es que funcionan y no están ocupados.
Desde una perspectiva social, la situación es preocupante. La movilidad eléctrica se está configurando, sin querer, como un lujo para una élite. Quienes pueden permitirse un auto eléctrico y, además, instalar un cargador en casa, son los verdaderos beneficiados. ¿Y el resto? Para las familias de ingresos medios o bajos que aspiran a sumarse a esta ola, las electrolineras públicas son su única esperanza. Pero la escasez regional las convierte en una lotería. ¿Cómo se planifica una ruta de vacaciones, o incluso un viaje de trabajo, si no hay certeza de dónde y cuándo se podrá cargar? Esto frena la adopción en las regiones, creando un círculo vicioso: menos demanda, menos inversión en infraestructura.
Además, no solo es un tema de cantidad, sino de calidad y accesibilidad. Muchos de los puntos existentes fuera de la capital adolecen de falta de mantenimiento, problemas de conectividad para el pago vía app, o simplemente no están integrados de manera inteligente en el entorno urbano. Son obras públicas que a veces parecen más un parche que una solución robusta y pensada para el futuro. El impacto a futuro de esta disparidad es claro: mientras Santiago avanza hacia una matriz de transporte más limpia, las regiones se quedan atrás, perpetuando dependencias de combustibles fósiles y profundizando una brecha de desarrollo que la electromovilidad, supuestamente, venía a cerrar. La infraestructura de carga pública no es solo una obra de ingeniería; es un pilar fundamental de equidad social y desarrollo territorial. Y en eso, estimados colegas, Chile aún tiene una deuda gigantesca.
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