La ministra de Obras Públicas, Jessica López, presentó el balance de las fiscalizaciones realizadas por la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP durante los primeros siete meses de 2025. La DGA resolvió 1.192 casos, consolidando un incremento significativo y reforzando el compromiso del gobierno en la protección y gestión eficiente de los recursos hídricos del país.

Incremento en la Fiscalización y Uso de Tecnología

El director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, informó que el 61% de las fiscalizaciones resueltas fueron iniciadas de forma proactiva por la DGA, mientras que el 39% restante respondieron a denuncias ciudadanas. Este aumento, comparado con las 641 fiscalizaciones resueltas entre enero y julio de 2022, se atribuye al fortalecimiento del equipo de fiscalizadores y la incorporación de tecnologías que complementan las inspecciones de campo y análisis de datos. En conjunto, las fiscalizaciones en estos siete meses superan las resueltas en todo el año 2020.

Principales Infracciones y Distribución Regional

Las multas más frecuentes se relacionan con el incumplimiento del Sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas (38%), obras ejecutadas sin autorización en cauces (37%), extracciones de agua no autorizadas (15%), y extracción de áridos sin permiso (4%). Las fiscalizaciones involucran mayormente a personas jurídicas (64%) y naturales (36%). Las regiones con mayor actividad fiscalizadora son Valparaíso, Los Lagos, Coquimbo y Maule, mientras que Coquimbo y Valparaíso registran los montos más elevados en multas, alcanzando más de mil millones de pesos cada una.

Nueva Ley de Fiscalización y Procedimientos Simplificados

Desde abril de 2025 está vigente una ley que simplifica el procedimiento sancionatorio, permitiendo a los infractores corregir faltas menores dentro de plazos fijados para evitar multas, acortando tiempos de tramitación e incorporando notificaciones digitales. Además, se aplican descuentos en multas si se paga rápidamente y no se apela la sanción. En la Región de Los Ríos se registró el primer caso de aceptación de cargos bajo esta normativa, con reducción del monto y orden de adecuación o remoción de obras. A nivel nacional se contabilizan 53 casos similares, consolidando un enfoque de gestión más ágil y preventivo.