El silbato del tren, otrora símbolo de progreso, se ha convertido para muchas urbes en la región en un recordatorio diario de nudos de tránsito y, lo que es peor, de riesgos latentes. Para 2025, la construcción de pasos bajo nivel no es ya una mera opción urbanística, sino una estrategia vial de primera línea que busca desatar esos cuellos de botella y, fundamentalmente, reducir drásticamente los accidentes. Este enfoque pragmático, impulsado por una cruda realidad de seguridad pública, está marcando la agenda de obras en Argentina y sus vecinos del Mercosur.
No nos engañemos: el principal motor detrás de esta escalada en la construcción de pasos bajo nivel es la seguridad vial. Datos recientes, compilados por observatorios regionales, muestran que los cruces a nivel con barreras son responsables de aproximadamente el 15% de los accidentes de tránsito fatales en zonas urbanas del cono sur, una cifra que baja a casi cero en ubicaciones donde se han implementado soluciones subterráneas. En Argentina, la inversión en estos proyectos ha crecido un 20% interanual desde 2023, con el objetivo de eliminar al menos 30 cruces críticos para fines de 2026, principalmente en el AMBA y corredores logísticos clave como Rosario-Córdoba.
Comparativamente, nuestros vecinos no se quedan atrás. Brasil, con su vasto territorio y densas metrópolis, ha ejecutado un ambicioso plan de más de 50 pasos bajo nivel en los últimos cinco años, priorizando la descongestión y la seguridad en São Paulo y Río de Janeiro. Uruguay, aunque con una escala menor, reporta una reducción del 40% en incidentes ferroviarios en Montevideo tras la finalización de sus últimos tres túneles viales. Esto demuestra que la estrategia es efectiva y exportable.
La síntesis del mercado es clara: la demanda de empresas constructoras especializadas en obra civil pesada está en alza, y se esperan licitaciones importantes para el bienio 2025-2026. Los desafíos incluyen la coordinación con servicios subterráneos existentes, la gestión de tráfico durante la obra y la financiación, a menudo compartida entre jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales. Sin embargo, el costo de no hacerlos es aún mayor, tanto en vidas humanas como en horas perdidas en embotellamientos que estrangulan la productividad de nuestras ciudades. La agenda es contundente: seguir bajando el nivel para subir la seguridad y fluidez de nuestro tránsito.