El martes 10 de junio de 2025, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó por unanimidad el proyecto que establece la obligación legal para las concesionarias de obras públicas viales de proporcionar servicios con elevados estándares de seguridad y vigilancia. La iniciativa, clave en la agenda gubernamental de seguridad vial, se encuentra ahora lista para ser promulgada como ley.
Obligaciones y tecnologías para una mayor seguridad en las autopistas
La nueva ley impone a las concesionarias medidas concretas para garantizar un tránsito seguro, incluyendo la implementación de más y mejores cámaras de seguridad, lectores de patentes y sistemas de iluminación. Estos dispositivos permitirán un monitoreo continuo y eficaz de las autopistas, con la finalidad de proteger a los usuarios y facilitar la persecución de ilícitos mediante la entrega de información de calidad a las policías y al Ministerio Público.
Cooperación institucional y actualización de contratos vigentes
El Ministerio de Obras Públicas trabajará junto al Ministerio del Interior para modificar los contratos de concesión de obras públicas viales existentes que no cuenten con las medidas de seguridad necesarias. Este proceso tendrá un plazo máximo de cinco años para incluir las obligaciones de vigilancia, seguridad y asistencia, además de estipular sanciones para los concesionarios que incumplan dichas responsabilidades.
Acceso a información para investigaciones y respaldo político
El concesionario deberá permitir el acceso a la información y grabaciones obtenidas a través de sus sistemas de vigilancia y de cobro cuando sean requeridas por las policías o el Ministerio Público en el marco de investigaciones criminales. La norma, impulsada con amplio respaldo político, fue propuesta por un grupo de senadores y valorada por la subsecretaria de Prevención del Delito por sus mayores estándares de seguridad para los usuarios cotidianos.
