
Retrotraernos a mediados de la década pasada nos sitúa en un escenario donde, si bien el sector mantenía una actividad constante, se percibían desafíos estructurales. La informalidad, la heterogeneidad en la calidad de la mano de obra y, consecuentemente, una productividad que no siempre alcanzaba los estándares deseados, eran temas recurrentes en las discusiones sectoriales. Informes de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) de la época señalaban que un 30% de los proyectos experimentaban retrasos significativos atribuibles a deficiencias en la planificación de tareas o a la falta de habilidades específicas del personal. Este diagnóstico crítico sirvió de catalizador para una movilización sin precedentes. Entre 2015 y 2020, se gestaron las primeras iniciativas formales de gran escala, impulsadas por una alianza estratégica entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Dirección Nacional de Empleo (DINAE), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a través de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), y los propios gremios y cámaras empresariales. El foco inicial fue la estandarización de competencias básicas y la formalización de oficios tradicionales, con programas que lograron certificar a más de 15.000 trabajadores en roles como albañilería, herrería y carpintería, según datos de la DINAE. Si bien estos esfuerzos marcaron un cambio de rumbo, los indicadores de productividad total del sector aún mostraban una mejora modesta, sugiriendo la necesidad de una profundización en la estrategia.
Programas como el “Mapeo de Brechas de Habilidades” de la CCU, en colaboración con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), permitieron identificar las áreas más deficitarias y diseñar currículas adaptadas. La UTU, por su parte, amplió significativamente sus cursos de especialización en áreas emergentes como la construcción en seco, la instalación de sistemas domóticos, y la operación de maquinaria de última generación, aumentando el número de egresados cualificados en estas áreas en un 40% anual desde 2021. La adopción de la metodología Building Information Modeling (BIM) en los grandes proyectos también impulsó la demanda de profesionales capacitados en su manejo, con una oferta formativa que se multiplicó por cinco en los últimos tres años. Más allá de los datos de productividad directa, el impacto se reflejó en una reducción del 25% en los índices de siniestralidad laboral entre 2019 y 2023, según la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS), un indicador claro de que una mano de obra mejor capacitada es también una mano de obra más segura. Asimismo, la disminución de los reprocesos y la mejora en la calidad final de las obras evidenciaron una maduración de los procesos constructivos. Sin embargo, el camino hacia la excelencia es continuo. Los desafíos actuales se centran en la retención del talento joven, la adaptación a la velocidad de los cambios tecnológicos y la necesidad de mantener una inversión constante en la actualización de la fuerza laboral. La prospectiva para el sector en Uruguay es optimista, cimentada en la premisa de que la inversión en el conocimiento y las habilidades de su gente sigue siendo el andamio más robusto para su crecimiento futuro.